Con el objetivo de dar seguridad jurídica a las personas beneficiarias, a su familias y al propio Sistema de Dependencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Decreto del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia y el Derecho de Acceso a los Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la región, que simplifica los trámites y documentación necesaria para la valoración de la situación de dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención.
El Decreto sustituye el contenido del Decreto 26/2013, donde destaca la simplificación de trámites y documentación necesaria para la valoración.
Así, a partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio.
Otra novedad del nuevo Decreto es que establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, así como para personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular los menores de edad.
El Decreto incorpora un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses.
También amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013, se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia (la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación de Asistencia Personal).
Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión tanto de grado como de PIA, o de su grado de dependencia, siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social. Antes, para solicitar una revisión de grado, se establecía un plazo de tres años y para solicitar una revisión de PIA, dos años.
En 2018 se atendió en Castilla- La Mancha a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA).
Para más información sobre este nuevo decreto pincha aquí:
Así, a partir de su entrada en vigor las personas solicitantes sólo tendrán que presentar su solicitud junto al informe de salud que elabora el médico de atención primaria y, si no se oponen a la comprobación de datos, no se les vuelve a pedir documentación, ya que se recabará de oficio.
Otra novedad del nuevo Decreto es que establece criterios de prioridad en la tramitación para la valoración de la situación de dependencia en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, así como para personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular los menores de edad.
El Decreto incorpora un procedimiento específico para la atención de los niños y niñas menores de 6 años tanto de valoración de la situación de dependencia como de elaboración del programa individual, reduciendo el plazo máximo de resolución a la mitad, pasando de 6 a 3 meses.
También amplía su contenido, ya que por primera vez desde el 2013, se va a regular el cálculo de la capacidad económica de la persona en situación de dependencia y el cálculo de las cuantías de las tres prestaciones económicas que tiene el Sistema de Dependencia (la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, la Prestación Vinculada al Servicio y la Prestación de Asistencia Personal).
Además de estas medidas, el Decreto elimina los plazos mínimos para iniciar un nuevo procedimiento de revisión en los procedimientos de revisión tanto de grado como de PIA, o de su grado de dependencia, siempre que acredite un informe sobre su empeoramiento o mejora de su situación sanitaria o social. Antes, para solicitar una revisión de grado, se establecía un plazo de tres años y para solicitar una revisión de PIA, dos años.
En 2018 se atendió en Castilla- La Mancha a 33.000 personas y se gestionaron 65.000 expedientes en sus distintas fases (solicitudes, valoraciones, PIAS, revisiones de grado y revisiones de PIA).
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